El 64º Comité Técnico de la Red Vasca de Municipios Sostenibles también ha servido para repasar las líneas trabajo en compra y contratación pública verde, acción climática, Zonas de Bajas Emisiones, protección del suelo, clima y energía, amianto y salud. Guardar Udalsarea 2030 ha celebrado su 64ª Comité Técnico en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz para repasar la actividad del último trimestre de la red y presentar las líneas de trabajo de cara a los próximos meses. En el encuentro, Ihobe, secretaría técnica de la Red, ha resumido los avances de la actividad de los grupos de trabajo de protección del suelo, compra y contratación pública verde, acción climática, Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), clima y energía, amianto y salud. Por otro lado, las personas participantes han tenido la ocasión de conocer el Plan Estratégico 2026 que, entre otras metas, aspira a que Udalsarea 2030 cuente con 214 municipios adheridos, 101 municipios con Agenda 2030 Local vigente o en elaboración, 60 municipios con Planes de Clima y Energía vigentes, así como 30 municipios y 6 comarcas adheridas al Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi. El Plan se ha remitido a las alcaldías elegidas tras las últimas elecciones municipales del pasado mayo. Aitor Senar Enekotegi, técnico de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Laguardia Rioja Alavesa, ha compartido la experiencia en la gestión de biorresiduos. Se trata de un servicio para 11.200 habitantes de los municipios de Baños de Ebro, Elciego, Elvillar, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oion, Samaniego, Villabuena de Álava y Yecora. En su intervención, ha explicado que el mantenimiento de las zonas de compostaje incluye volteos, toma de temperatura y toma de datos diarias de lunes a viernes, riegos semanales o quincenales según necesidad, envíos de informes mensuales y analíticas del compost resultante por lotes. Ha dado a conocer, asimismo, el proyecto piloto del sistema de recogida de biorresiduos de Kripan, puesto en marcha en 2021. “Los resultados han sobrepasado las expectativas, llegando a una recogida selectiva del 86%. En doce meses se han recogido 35 toneladas de residuos orgánicos”, ha explicado. Como otra experiencia inspiradora ha detallado el sistema de recogida puerta a puerta y compostaje comunitario implantado en Elciego el pasado año. A continuación, Izaro Basurko (Ihobe) y Mikel Zubiria (Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco) han compartido la situación de la orden de subvenciones de 2023. En la convocatoria 2023 de ayudas al desarrollo sostenible local se han presentado 249 expedientes, con una dotación total de 4,2 millones de euros. En total se han presentado un 2,35% menos que en 2022. Sin embargo, se ha constatado un incremento de expedientes en ASTEKLIMA y Economía Circular. En relación a los requerimientos de subsanación, la documentación más solicitada es el documento de datos básicos. En la línea de ASTEKLIMA se solicita documentación por no detallar la información completa o no corresponder con los datos indicados. En el resto de líneas, se requieren subsanaciones por no incluir la fecha de inicio y fin del proyecto. En alguna ocasión, se ha solicitado los certificados de estar al corriente en obligaciones tributarias y seguridad social, tras obtener una respuesta negativa en la consulta de interoperabilidad. El resto de documentación se suele presentar correctamente. Planificación legislativa europea, estatal y autonómica El Comité Técnico también ha acogido un seminario sobre la planificación legislativa en el ámbito europeo, estatal y autonómico, y las implicaciones para las entidades locales en el que José Antonio Armolea (Ihobe) ha aclarado las dudas de las personas asistentes. Se ha referido a la legislación ambiental como variada, dispersa y frecuentemente confusa; compleja jurídica y técnicamente; muy exigente para el administrado y para la administración; y con elevados estándares de calidad ambiental en continua actualización. “El objetivo es garantizar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el cumplimiento del deber de conservarlo”, ha señalado. Respecto al Proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi ha explicado que el objetivo es establecer el marco jurídico estable para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi a más tardar en el año 2050 y aumentar la resiliencia del territorio al cambio climático, mediante una transición justa y sostenible, social, económica y medioambiental, que garantice la equidad y la solidaridad”. Ha destacado que las principales implicaciones para las entidades locales son la creación de comisiones de transición energética y cambio climático a través de la Comisión de Sostenibilidad energética u otros de similares características y funciones que existan; la coordinación interinstitucional en materia de transición energética y cambio climático a través del Consejo vasco de políticas públicas locales; promover la participación pública a través de la de los instrumentos que prevé la ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi; elaborar planes de clima y energía; y promover la integración de la perspectiva energética y climática en los presupuestos públicos de las entidades locales. Desde Ekoiure se ha profundizado en la política ambiental europea –Pacto Verde Europeo y el VIII Programa de acción en materia de medio ambiente–. Ha explicado las propuestas normativas europeas: Directiva aguas residuales urbanas, Directiva aguas, Directiva suelos, Directiva aire, Directiva residuos, Reglamento envases y Reglamento de conservación de la naturaleza. Finalmente ha explicado el Proyecto de ley de movilidad sostenible estatal. El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022, establece un determinado orden de prioridades que deberá ser tomado en consideración a la hora de planificar y regular aspectos relacionados con la movilidad sostenible. En primer lugar, la movilidad activa, primando especialmente la movilidad a pie, la movilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida que transitan por las zonas peatonales en aparatos autorizados, así como la movilidad en bicicleta o ciclo. En segundo lugar, el transporte público colectivo. En tercer lugar, los esquemas de movilidad de alta ocupación que supongan un beneficio en términos de reducción de externalidades, ocupación del espacio público u otros. Finalmente, en relación con el vehículo privado, deberán primar, en todo caso, las tecnologías que supongan menores emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, así como los vehículos que supongan menor ocupación del espacio público.
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