El 63º Comité Técnico de Udalsarea 2030, celebrado en el salón de actos de la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, ha repasado la actividad del último trimestre de la red y ha presentado las próximas líneas de trabajo.

María Mar Zabala Mardaras, directora general de Eudel, ha dado la bienvenida a los participantes y ha puesto en valor el trabajo en red que lleva a cabo Udalsarea 2030. “Las redes son intercambio de ideas, buenas prácticas y conocimiento. En un país como el nuestro, con municipios pequeños, las redes son muy importantes” ha señalado.

En el encuentro, que ha contado con la participación de 70 personas, pertenecientes a 59 entidades asociadas, la secretaría técnica de la red, a través de Agate Goyarrola (Ihobe), ha informado sobre la actividad de los grupos de trabajo de Protección del Suelo, Compra y Contratación Pública Verde (CCPV), Acción Climática y Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y sobre el cierre del undécimo programa de evaluación y seguimiento de las políticas públicas de desarrollo sostenible.

En relación al undécimo programa se ha explicado que han participado 29 entidades en el proceso de evaluación, 60 entidades en el proceso de indicadores y cálculo de las emisiones GEI, 23 entidades en el Grupo de Trabajo de CCPV y se han evaluado 7 planes de clima y energía.

Por último, se ha dado a conocer la próxima inclusión de un visor en la web de Udalsarea 2030 que incluirá información sobre indicadores básicos de la actividad de las entidades locales (miembros, Plan Agenda 2030, Plan Clima y Energía o adhesión al Programa de Compra y Contratación Pública Verde).

Virginia Andrés Aranberri, responsable del Área de Desarrollo Territorial de HAZI, ha presentado las líneas de trabajo de HAZI como miembro del Udalsarea 2030. En su intervención se ha referido a la Ley de Desarrollo Rural, aprobada recientemente: “El objetivo es la preservación del espacio rural, el fomento y la diversificación de la actividad económica, así como la mejora del nivel de bienestar de la población rural vasca y revertir la despoblación y el envejecimiento del medio rural como factor esencial para la cohesión social y territorial de Euskadi”. Las líneas de trabajo que confluyen se centran principalmente en la armonización y puesta en común de criterios en relación a los entornos y espacios protegidos. En este sentido, será clave la participación de municipios con poca población pero grandes en superficie y la colaboración con los agentes de desarrollo rural.

Malake Muñoz (Ihobe) y Álvaro Pérez Laborda (EVE) han explicado la estrategia para la dinamización de la acción local en clima y energía en Euskadi. Según se recoge en el Proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático (TECC), todas las entidades locales de la CAPV deberán integrar actuaciones relacionadas con la transición energética, mitigación y adaptación al cambio climático. Los municipios de más de 5.000 habitantes deberán aprobar planes de clima y energía que incorporen a su vez la Ley 4/2019.

En el diagnóstico presentado en el comité técnico sobre la situación de los 251 municipios, se recoge que el 70% del total presenta urgencia por actuar bien por niveles elevados de riesgo y vulnerabilidad ante los impactos derivados del cambio climático o por la cantidad de GEI que emiten.

La estrategia define 5 objetivos para dinamizar la acción local en clima y energía en Euskadi en el periodo 2023-2025: aumentar el número de municipios vascos que disponen de un Plan Local para el Clima y la Energía (PLCE); lograr que los municipios vascos avancen hacia la neutralidad climática y la resiliencia del territorio; impulsar la puesta en marcha de acciones; promover un modelo de gobernanza climática; y promover el empoderamiento de la ciudadanía.

Asimismo, en el Comité Técnico, se ha explicado los detalles de la segunda convocatoria del programa “Empleo joven en cambio climático y transición energética en la administración local” de Lanbide, integrado dentro de Erreminta-gida e impulsado por el EVE e Ihobe, en colaboración con la Fundación Novia Salcedo.

Desde el EVE se ha explicado que “la iniciativa está dirigida a municipios, mancomunidades, cuadrillas del territorio histórico de Álava, agencias de desarrollo local, diputaciones forales y entidades dependientes de la administración local vasca a quienes este programa de primera experiencia profesional en la administración facilitará la contratación de hasta 30 personas jóvenes, técnicas de cambio climático y transición energética”.

El programa tiene como objetivo ofrecer a las administraciones locales apoyo en el desarrollo de los planes de clima y energía, adaptados a sus necesidades concretas, que les permitan mejorar la sostenibilidad ambiental en sus ámbitos de actuación, mediante la contratación financiada de personas jóvenes. Por otro lado, gracias a este programa formativo, jóvenes talentos incorporados en la administración local recibirán formación en materia de transición energética y cambio climático.

En el comité se ha informado sobre la orden de ayudas de desarrollo sostenible local de 2023, que ya está en tramitación y se espera que salga en las próximas semanas. Se ha avanzado que se mantendrán las 7 líneas del año anterior: suelos contaminados, cambio climático, patrimonio natural, economía circular, ecoinnovación local, educación para la sostenibilidad y Asteklima.

En la segunda parte del Comité Técnico, tras la pausa, se ha celebrado un seminario sobre las implicaciones para las entidades locales de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular en la que José Antonio Armolea (Ihobe) y Ana Rebate (Ihobe) han aclarado las dudas de las personas asistentes.

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medioambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad a largo plazo.

Entre las obligaciones que establece la normativa respecto a las competencias locales en gestión de residuos se han citado, entre otras, la necesidad de elaborar programas de gestión para poblaciones de más de 5.000 habitantes; incluir criterios de contratación verde; incluir deberes de formación y sensibilización en contratos con empresas de recogida y tratamiento de residuos; asumir subsidiariamente la gestión de residuos comerciales no peligrosos en caso de incumplimiento de las obligaciones de gestión por el productor; separación y reciclado en origen de los biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario; establecer mecanismos de control mediante caracterizaciones periódicas y reducción de impropios por cada flujo de recogida separada; remitir anualmente a la comunidad autónoma un informe sobre la gestión de residuos de competencia local; y establecimiento de tasa de financiación de recogida y gestión de residuos municipales.

La sesión ha finalizado con un turno de preguntas que ha suscitado gran interés debido a las dificultades y a la falta de claridad en la interpretación de algunas cuestiones recogidas en la normativa y, en concreto, el tema del amianto respecto a la obligación de hacer inventarios o censos del amianto en cada municipio para abril 2023 y su correspondiente plan de desamiantización para 2028 de terrenos públicos en base a criterios de vulnerabilidad. Desde el Gobierno Vasco, a través de Ihobe, Departamento de Salud y Departamento de Empleo (Osalan), se está trabajando en la elaboración de una guía metodológica que sirva de referencia en la elaboración de dichos censos.